Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el proyecto para limitar el aumento de tarifas de los servicios públicos impulsado por los bloques del FR-UNA y Argentina Federal, con 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones, la diputada nacional Graciela Camaño sostuvo: “Hay que ponerle un límite al aumento de tarifas. Tiene que haber un correlativo con el ingreso de los salarios”.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto para limitar el aumento de tarifas de los servicios públicos propuesto por los bloques del Frente Renovador y Argentina Federal, que fueron acompañados por la mayor parte de los partidos de la oposición. La iniciativa, que  recibió 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones, propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado, y que impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.

Al respecto, la presidenta del bloque del FR-UNA, Graciela Camaño, sostuvo: “El gobierno no entendió que este tipo de temas tienen enorme sensibilidad en la población, basta recordar lo que sucedió cuando el Kirchnerismo quiso incrementar las tarifas. Son temas que tienen que trabajarse muchísimo. Tienen que tener un tiempo,  no se puede venir a querer resolver un problema tan complejo con cuatro aumentos y darle el golpe que se le ha dado al bolsillo”.

Y añadió: “Es erróneo que el presidente no entienda qué hay muchos problemas en la renegociación de tarifas que se hizo desde los organismos públicos como el Ministerio de Energía, el ENERGAS o el ENRE.  Hoy vinimos a demostrar el enorme beneficio que resultó para las empresas y la falta de compromiso de inversiones objetivas para mejorar el servicio. Estos requerimientos la corte se los hizo al ejecutivo cuando reexaminó la negociación tarifaria del gobierno el año pasado. La corte el año pasado no solamente lo suspendió y mandó a audiencia pública, sino que además señaló una serie de medidas que debían cumplimentarse para que esta revisión tenga legalidad”.

“Esta revisión con los desajustes que cartelizan determinados sectores de la producción de energía, que no toman en cuenta resoluciones que venían desde el año 99 en el tema del transporte, que además no tomaron en cuenta algunos juicios que los socios de empresas tenían.  Claramente han buscado beneficiar a las empresas,  así que creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta esto. No es cierto el planteo facilista que se hizo, y que este tema significaba un número en el déficit fiscal. Esto es mucho más profundo”.

Hay que ponerle un límite. Tiene que haber un correlativo con el ingreso de los salarios en el tema de las tarifas, además la OEA plantea que los costos que impliquen los servicios no pueden confiscar los ingresos de los usuarios”, concluyó la legisladora.